París, Francia.- La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) abrió este viernes un nuevo frente en su política de control tecnológico: el organismo anunció que está considerando prohibir la importación de equipos chinos de un grupo de fabricantes ya bajo observación, dando un paso más allá del veto a la aprobación de nuevos modelos decidido en 2022.
El giro no surge de la nada. En 2021, la FCC incorporó a su denominada “Lista de productos sujetos a restricción” los equipos de telecomunicaciones y videovigilancia fabricados por Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua. Esa inclusión significó que estos fabricantes quedaban catalogados como potencial riesgo para la seguridad nacional, lo que obligó a operadores, distribuidores y grandes compradores institucionales a revisar sus catálogos, contratos y planes de despliegue tecnológico.
Un año más tarde, en noviembre de 2022, la FCC dio un paso decisivo: anunció que no autorizaría la importación ni la venta de nuevos modelos de esas empresas chinas en el mercado estadounidense. Desde entonces, cualquier nuevo dispositivo de telecomunicaciones o videovigilancia de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision o Dahua quedó fuera del proceso de homologación necesario para ser comercializado legalmente en Estados Unidos.
La decisión de este viernes apunta a un nivel de control aún más estricto. La FCC informó que está recabando opiniones de empresas, operadores, asociaciones del sector y expertos en seguridad sobre si debe prohibir también la importación de equipos de esas mismas compañías cuya venta en Estados Unidos fue aprobada antes de la orden de 2022. Es decir, ya no se trata solo de cerrar la puerta a nuevos modelos, sino de decidir qué hacer con el flujo de equipos que aún puede llegar al país al amparo de autorizaciones antiguas.
Detrás de esta consulta pública hay un complejo trabajo interno. Los equipos técnicos de la FCC analizan, por ejemplo, cuántos dispositivos de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua siguen entrando legalmente en el país bajo licencias previas, en qué redes o instalaciones se utilizan y qué impacto tendría cortar de manera inmediata ese suministro. Para ello, cruzan datos de importación, reportes de operadores de telecomunicaciones y de integradores de videovigilancia, así como evaluaciones de agencias de seguridad.
En la práctica, la FCC tendrá que sopesar distintos escenarios. Uno de ellos es el de los operadores regionales que todavía dependen de equipos de telecomunicaciones de Huawei o ZTE para mantener su infraestructura, o de municipios y empresas que usan sistemas de videovigilancia Hikvision y Dahua. Si se veta la importación de equipos ya autorizados, estos actores podrían enfrentarse a dificultades para conseguir repuestos, ampliar sistemas existentes o reparar fallos críticos.
Por eso, en el proceso de recabar opiniones se espera que operadores, fabricantes alternativos y expertos planteen ejemplos concretos: desde redes rurales que usan equipos de estas marcas para cubrir zonas remotas, hasta sistemas de cámaras en aeropuertos o instalaciones industriales que fueron diseñados originalmente sobre plataformas Hikvision o Dahua y que no pueden sustituirse de un día para otro sin afectar la operación diaria.
La consulta también permitirá identificar posibles vías de transición. Entre las opciones que se barajan a nivel técnico y regulatorio se encuentran plazos escalonados para la sustitución de equipos, programas de apoyo financiero para pequeños operadores y la definición de excepciones muy acotadas, por ejemplo, para repuestos críticos en sistemas ya instalados que se consideren de baja exposición a riesgos de seguridad.
Con este nuevo movimiento, la FCC refuerza una estrategia que comenzó con la restricción inicial de 2021, se endureció en 2022 con el bloqueo a nuevos modelos y que ahora podría derivar en un cierre casi total a la entrada al país de equipos de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua. El desenlace dependerá de las respuestas que reciba en esta fase de consulta y de la forma en que logre equilibrar sus objetivos de seguridad con la necesidad de mantener en funcionamiento redes y sistemas ya desplegados.